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El oficial hizo un gesto con sus manos imitando ahorcar a alguien y le dijo a la mujer que eso haría si ella fuera su esposa, dijo la migrante el jueves en una entrevista. Habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato por temor a su seguridad
"Sentí horrible por todo lo que nos dijeron, que nos iban a deportar, que nuestros niños se iban a quedar aquí", afirmó sobre su experiencia luego de ser separada de su hijo en la frontera en la primavera.
Una demanda presentada el jueves contra el Departamento de Seguridad Nacional alega que muchos padres fueron forzados a firmar documentos cuyo contenido desconocían y fueron agredidos verbal y emocionalmente mientras estaban detenidos y separados de sus hijos.
En algunos de esos casos, los progenitores, que no hablaban inglés, renunciaron al derecho de reunirse con sus hijos tras firmar documentos que no pudieron leer porque estaban redactados en ese idioma, de acuerdo con la denuncia a la que la AP tuvo acceso antes de que se interpusiera ante el Departamento de Seguridad Nacional.
En otros casos citados en el documento, los padres que ya se habían reencontrado con sus hijos fueron amenazados con una nueva separación si no accedían a ser deportados con ellos.
La denuncia fue presentada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y el American Immigration Council, que señalaron que los abogados hablaron con 76 padres que relataron cómo se les pidió que firmaran formularios relacionados con su derecho de reunificación familiar.
Todos los afectados señalaron que no se les permitió preguntar qué ocurriría si no firmaban el documento.
Las autoridades de Estados Unidos separaron a más de 2.500 niños de sus padres este año luego que el gobierno del presidente Donald Trump adoptó una política de "tolerancia cero" que exigía procesar a cualquier persona que cruzara la frontera sin autorización legal. Esto derivó en que los padres, que se tenían que presentar ante una corte federal por un delito menor de entrada no autorizada al país, fueran separados de sus hijos, a menudo durante meses.
La política provocó duras críticas en todo el mundo y Trump terminó retirándola.
Un juez federal que supervisa una demanda contra el gobierno dio a las autoridades de plazo hasta el 26 de julio para reunificar a todas las familias, aunque más de 300 progenitores que fueron deportados a sus países de origen todavía no han vuelto a ver a sus hijos.
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